El Derecho Internacional y la cuestión palestina ¿Qué pasa con las Naciones Unidas?

Unknown2¿Cuáles son los derechos vulnerados y cómo el sistema internacional actúa a favor de remediar – sancionar – a los infractores? Esta interrogante nos pone en la órbita de las Naciones Unidas y las vulnerabilidades o limitaciones que exhibe. En este sentido, Franja de Gaza nos ilustra con toda claridad cómo desde la perspectiva jurídica no existe respuesta eficaz ante la violación flagrante de las normas de Jus Cogen o inalienables comprendidas, entre otros instrumentos, en la Carta de los Derechos Humanos (1948).

Todo indica que esto es como señala aquel tango argentino, que “este mundo fue y será una porquería ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también…”, puesto que las normas que se incumplen sistemáticamente ponen en jaque los cimientos de la sociedad internacional e incluso la de la HUMANIDAD.

¿Qué ha pasado con la dignidad humana?, concepto inspirador de la Carta de las Naciones Unidas y posterior Declaración de los Derechos Humanos, donde personalidades como el propio Mahatma Ghandi, Jacques Maritain, entre otros, convinieron en no reeditar las atrocidades cometidas durante las dos Guerras Mundiales del Siglo XX. A pesar de ello, pareciera que el relativismo axiológico es parte constitutiva del andamiaje de la política internacional (interpretados por otros como realismo político), puesto que la violación flagrante de las normas de Jus Cogen son contestadas, a veces, sólo desde las declaraciones, mientras el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no responde a esos mandatos esenciales para la estabilidad del sistema y la protección de los derechos humanos.

Si alguien alguna vez abrazó la idea de que no volveríamos a ser testigos de tanta miseria humana como la exhibida en los campos de batallas durante las dos guerras mundiales, podrá comprender que se ha equivocado y que no existe razón alguna para ser optimistas respecto a las garantías que los mismos Estados se habían comprometido a respetar, cautelar y garantizar en la protección de TODA persona. En efecto, la violación sistemática a todos los derechos de carácter individual, colectivo y de tercera generación son los que se sufren en Franja de Gaza y la “comunidad internacional”, entendida como una comunidad de valores, no tiene las capacidades para frenar aquello, puesto que el CSNU, máximo órgano del sistema, no responde a las lógicas de protección de las personas, es decir, al derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, ni siquiera a los principios generales del derecho, sino que está estructurado desde la lógica del interés de las potencias con capacidad de veto dentro del sistema (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia). Así las cosas, pierde legitimidad, por tanto es posible hacer un paralelo entre las muertes de los palestinos con la ineficacia del derecho internacional en cuanto a su sustento primero, la normas Erga Omnes, es decir las reconocidas por todos los Estados. En definitiva, lo que se encuentra en juego tras el ataque de Israel sobre población civil es la deshumanización del sistema, y la convicción de que toda aspiración de alcanzar una sociedad internacional amparada en la protección de los derechos humanos ha sido un mero espejismo.
De hecho algunos han levantado la voz, y desde una mirada humanista hablan de la necesidad por reeditar el espíritu en el cual se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, siendo uno de ellos el mismo Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki- moon, quien ha señalado que como sociedad nos hemos alejado sensiblemente de dicha declaración.
Al respecto, el cuestionamiento a los cimientos de la sociedad internacional tras la forma en que se agrede a población ocupada (no autónoma) y la confusión acerca del papel de los derechos fundamentales, que debieran tener un espacio en el corazón del orden internacional, quedan en evidencia en las declaraciones del Presidente Obama, quien ha señalado que “existe un camino para asegurar que Gaza pueda prosperar económicamente, mientras que Israel está en condiciones de mantener sus legítimas necesidades de seguridad”. Esto lo señaló en el contexto del bombardeo/ ataque de Israel sobre Gaza el año 2009. En este sentido, la aproximación al derecho de la autodeterminación desde una mirada economicista, es justamente lo que podría estar vaciando el soporte de la protección de la persona. La creación del Estado Palestino no es algo negociable, ya que no se puede justificar por más tiempo la situación sistemática de violación de Todos los derechos de las personas, más aún cuando la potencia ocupante no cumple con la obligación de protección de los que habitan territorios no autónomos. En ese sentido, el Estado Palestino es sinónimo de la liberación de un pueblo que vive bajo ocupación. De hecho la inconsistencia del argumento de la legítima defensa por parte de Israel es evidente, ya que en ellos recae la responsabilidad primera, por ser la potencia ocupante, de proteger a dicha población. Esta obligación se mantiene en el plano jurídico, hasta que dicho pueblo tenga la posibilidad de un autogobierno – independencia.
Podríamos estar frente a un sin sentido, ya que no ha nacido el Estado Palestino, pero para aplicar castigos colectivos se ha esgrimido argumentos como si Israel entendiera que sí es un Estado, el cual lo agrede y por tanto se reacciona por legítima defensa. Desde la perspectiva del derecho internacional esta argumentación no resiste análisis, ya que no habría ningún asidero en las Convenciones de Ginebra, ni en la Carta de las Naciones Unidas, ya que la legítima defensa es en relación a otro Estado y no frente a un pueblo ocupado. Incluso cabe aclarar que no es ni siquiera una cuestión de proporcionalidad del uso de la fuerza, cuestión que se repite constantemente en los medios de comunicación para cuestionar el obrar del Estado de Israel, sino que éste en calidad de Sujeto de Derechos y Obligaciones, no tiene ninguna atribución para infligir castigos colectivos tendientes a manipular la voluntad de pueblo ocupado. En ese sentido, dichos actos que buscarían generar terror entre la población que habita en Palestina, caerían en la tipificación de terrorismo de Estado, recordando que en esta ocasión han caído más de 1950 personas, las cuales en su gran mayoría (sobre 300 son niños) son civiles.

Insistimos, la problemática en estos tiempos modernos (o post modernos) es la banalización de la problemática, ya que las potencias centrales no han sido enfáticas en sus actuaciones en la protección de derechos inalienables de las personas, incluso en casos extremos como los registrados en Franja de Gaza. Si comparamos esta situación con la actitud en la década de los setenta del siglo pasado ante la Sudáfrica del apartheid, podemos apreciar cómo se presionó en todos los ámbitos diplomáticos (sanciones económicas incluidas) al Estado para que corrigiera su política de segregación, lo que denota una diferencia sustantiva con lo que en la actualidad pudiera ser tipificado como crímenes de Lesa Humanidad, crímenes de guerra o incluso la implementación de un sistema de apartheid al interior de sus fronteras hacia la población árabe y sobre Cisjordania, cuando hoy Israel ni siquiera recibe sanciones económicas significativas por parte de la comunidad internacional.

Lo de Franja de Gaza, que además de soportar una ocupación está bloqueada por más de siete años, hace que la justificación política de esas acciones esté radicada en el ámbito de las “Razones de Estado” o imaginario israelí, pero en absoluto en el derecho internacional.
Desde la perspectiva del CSNU y su actuar, más allá de las evidentes decepciones ante el respeto de los DD.HH., también cabe preguntarse por la estrategia de seguridad del sistema internacional, puesto que resulta difícil argumentar que éste estará más seguro en base a la mantención de una ocupación y ataques como los presenciados recientemente. Desde la perspectiva geoestratégica cabría preguntarse qué espera para pronunciarse cuando las alternativas de una solución parecen esfumarse, cuando existe una población nativa que nadie sabe en qué va terminar. Más de un millón ochocientas mil personas en Franja de Gaza y dos millones y medio en Cisjordania, las cuales ni siquiera consiguen que Tel Aviv acceda a permitir su autodeterminación en el 12% del territorio de la Palestina Histórica (línea de armisticio de 1967). Si no existe esa mínima voluntad, ciertamente la viabilidad de un estado independiente resulta prácticamente nula y el destino de esas personas seguirá siendo vivir bajo ocupación y testigos de cómo a diario se crean nuevos asentamientos en Cisjordania, mientras que en Franja de Gaza continúan viviendo en una suerte de campo de concentración, en condiciones de vida infrahumanas, según todos los reportes de las mismas organizaciones de Naciones Unidas. Ante esa situación ¿el CSNU seguirá siendo el principal responsable de no establecer las condiciones mínimas que garanticen el fin de la ocupación?, en otras palabras, ¿se mantendrá la estrategia que el ocupante y ocupado se sienten como dos actores a negociar, mientras se mantiene el desplazamiento de la población palestina y se le exige al ocupado otorgar garantías de seguridad al ocupante?; esto, justamente en la lógica inversa al respeto y promoción de los derechos humanos.

Recordemos que los temas de agenda en las negociaciones de Camp David (2000) y Tabas (2001) son claves para comprender los intereses de Israel y su negativa a respetar las normas del Jus Cogen y, en general, del derecho internacional vigente: Derecho a Retorno, fijación de fronteras estables y las resoluciones de las UN respecto de Jerusalén. Asuntos presentados por Israel como no negociables. Ello obviamente es contradictorio al derecho internacional de los derechos humanos.

En otra perspectiva, el derecho a retorno consagrado en la legislación internacional como una norma “Erga Omnes” en varios tratados y convenciones, tales como los acuerdos de Ginebra, la propia Carta de las Naciones Unidas y, para ser más concretos en la problemática del Estado Palestino, en la resolución 194 de la Asamblea General de NU vigente hasta hoy, es obstaculizado por el interés territorial de Israel y su imaginario que busca establecer un Estado reconocido como judaico.

En ese sentido, cabe señalar que la creación del “muro de seguridad” (que se construye desde 2000) y de nuevos asentamientos, ha significado la anexión de al menos 45,5% del West Bank a Israel y la tendencia hasta hoy no se ha revertido. En definitiva, este punto no sólo se relaciona con la situación de los refugiados y las dificultades de retornar a sus tierras, sino que además es un desincentivo para negociar las fronteras definitivas, necesarias al momento de crear el Estado Palestino, pleno en lo jurídico y real sobre el mapa.

Consolidación de la expansión de Israel y el fin del respeto a los derechos humanos. La inmovilidad del sistema de Naciones Unidas

Desde que Palestina reconoció a Israel como Estado en el proceso vivido en la Conferencia de Madrid (1991) y el posterior acuerdo de Oslo (1993), la ocupación se ha ido materializando a través de hechos consumados. De alguna manera Oslo vino a servir a Israel para consolidar la política de desplazamiento de la población Palestina que se inició en 1948 (tras la resolución 181 de la Asamblea General que creó el Estado de Israel, que otorgó el 55% del territorio a Israel y el 44% a los palestinos), continuada en 1967, en que Israel ocupó hasta el 100% de la superficie denominada por los palestinos como la “Palestina Histórica” o anterior a 1948.

En cifras, desde 1947 a 1949, período llamado por Israel como la batalla por la Independencia, unos 726.000 palestinos (cristianos y musulmanes) se transformarían en refugiados, ya que deben abandonar sus hogares y desplazarse de sus tierras. Luego, en 1967, fueron unos 200.000 palestinos los que salieron del West Bank y de la Franja de Gaza.

Esta situación ha determinado que la ONU estime un total de 4,7 millones de refugiados de origen palestino con derecho a retornar a sus hogares, cuestión que Israel desconoce por “razones de seguridad”, sobre todo en el entendido de que su interés de Estado, su “razón de ser” y “derecho político” es mantener un Estado Judaico, para lo cual considera fundamental un equilibrio demográfico que preserve esa característica dentro de sus fronteras, por lo que aceptar el Derecho a Retorno le significaría perder tal equilibrio.

En tal sentido, las normas internacionales se confrontan con los intereses políticos del Estado de Israel. La ley internacional consagra el Derecho a Retorno y además no legitima la anexión de territorios mediante la vía armada, recordando que la construcción del Estado de Israel se produce luego de la Declaración de los Derechos del Hombre (1948) y de la Carta de Naciones Unidas (1945), por lo que no cabría interpretaciones jurídicas del antiguo régimen o el sistema jurídico clásico, el cual reconocía el derecho a la guerra y con ello, anexión de territorio.

En este aspecto cabe observar un precedente en estas materias, que dice relación con el respeto al Derecho a Retorno, esto es el acuerdo marco de paz de Bosnia – Herzegovina o Protocolo de París (2003), que significó el fin de la Guerra de los Balcanes. Allí, las partes no estuvieron dispuestas a negociar el derecho a retorno por considerarlo inalienable, posición que fue compartida por las potencias que participaron de la negociación (especialmente Estados Unidos), toda vez que su relativización podía generar un precedente para una mayor anarquía internacional, al proyectar la idea de que mediante la fuerza se podría desplazar a población originaria y luego desconocer sus derechos. Ello que está cristalizado como un derecho humano, se relativiza en la situación de la Palestina.

Para comprender la importancia de los derechos humanos y la cuestión palestina, debemos adentrarnos en una visión ontológica que nos permita tener una perspectiva de lo gravitante que es el respeto, garantía y protección de los derechos humanos, ya que cuando se violan sistemáticamente, se está frente a un problema político, cultural y civilizacional. Las razones de Estado en muchas ocasiones (quizás demasiadas), han deshumanizado nuestra sociedad internacional, pero no por ello se puede renunciar a reivindicar la dignidad humana, que más que nacer de un consenso entre las partes, se sustenta en la razón, cuestión que lleva implícita la igualdad ante la ley (internacional).

En definitiva, una mirada ontológica parece urgente si se trata de respetar los derechos humanos y así evitar la tendencia postmoderna de profesar un interés por legitimar al Estado amoral, ya que situaciones como estas tienen claros indicios de inmoralidad. Dicha tendencia podría terminar atentando contra las normas del ius cogens, es decir, contra los cimientos de la civilización expresados en las normas del derecho internacional de los derechos humanos. En definitiva eso es lo que está en juego tras los crímenes cometidos contra la población Palestina sitiada en Gaza.

Hoy, por experiencias como las vividas (o soportadas) en Palestina, la esfera política (internacional) nuevamente se pregunta qué ha pasado con el ius cogens o normas imperativas, básicamente por los acontecimientos cruentos, persecuciones, asesinatos selectivos, todos crímenes contra la humanidad, por tanto se advierte la paradoja: avanzamos en materias de un sistema de protección de los derechos humanos en términos mundiales, como por ejemplo el Tribunal Penal Internacional, pero a la vez no brindamos respuestas concretas en el ámbito de la humanización del sistema internacional, sino que por el contrario, se relativizan los derechos humanos y se vacían en su conceptualización, siendo especialmente relevante el juego de poderes que se advierte en el seno del CSNU.
Es así como caemos en confusiones mentales y en parálisis ante el largo drama palestino, en el cual el Tribunal Penal Internacional de Justicia, con alcance relativo desde el 2002 en el escenario internacional, no se encuentra reconocido por Estados como Israel, y la justicia en la situación de Gaza parece una quimera. Ciertamente Palestina fue reconocida con estatus de Estado Observador en NU (2013), por tanto se estudiará la posibilidad de que el Tribunal Penal Internacional tome carta en el asunto, aunque no hay claridad de que este órgano considere tener las competencias para ello. No obstante, si iniciara acciones legales, muy posiblemente el CSNU bloquearía su actuación, ya que sigue siendo el Leviatán del sistema internacional, con atribuciones suficientes para frenar toda indagación, incluida la del TPI.
En conclusión, no habría manera de que los palestinos vean luz en su larga travesía por el largo túnel de la ocupación que han debido resistir; la llave la sigue teniendo Israel, quien posiblemente mantendrá sus aspiraciones territoriales, mientras que los palestinos seguirán siendo testigos de cómo la comunidad internacional no hace nada más que declaraciones para calmar su dolor y paliar la injusticia recibida, cuestión que de paso invita a acrecentar las miradas del relativismo axiológico respecto a las normas inalienables derivadas de misma dignidad humana,¿Habrán previsto esta situación Mahatma Ghandi y Jacques Maritain cuando inspiraban la redacción de la Carta de los Derechos Humanos?

Federación Palestina de Chile

http://www.oicpalestina.org/?p=18237

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